Informe ‘La acción humanitaria en 2020-2021: la pandemia retrasa las reformas necesarias’

La pandemia provocada por la COVID-19 ha marcado la acción humanitaria y ha condicionado toda la agenda global en 2020 y 2021. La gravedad de la crisis generada por el coronavirus ha exacerbado riesgos y vulnerabilidades preexistentes y tendrá consecuencias en el largo plazo.

Muchos de los recursos se han reorientado hacia la mitigación de las consecuencias de la COVID-19 en un contexto en el que las cifras de ayuda humanitaria a escala internacional han experimentado, sin embargo, un estancamiento en el entorno de los 30.900 millones de dólares en 2020 y es prácticamente idéntica a la del año anterior.

El resultado: una diferencia récord entre las solicitudes de fondos y la financiación disponible para atender las necesidades humanitarias de una larga lista de países en crisis. Así, en 2020, los llamamientos de Naciones Unidas llegaron a la cifra récord de 55, un 27% más que en 2019. De las cantidades totales requeridas por la ONU solo ha llegado a financiarse un 52%. Nunca se había registrado hasta la fecha una diferencia semejante entre solicitudes de fondos y desembolsos. Dentro de los llamamientos exclusivamente relacionados con la respuesta a la COVID-19, el porcentaje de financiación fue aún más bajo, con solo un 40% de los fondos asegurados.

“El recrudecimiento de la crisis en Afganistán, el agravamiento de la situación Haití, o el continuo crecimiento de las cifras de personas refugiadas o en situación de desplazamiento forzado a escala mundial atestiguan que el contexto internacional va más allá de la pandemia. En este escenario de necesidades crecientes; la financiación humanitaria internacional, estancada desde 2018, y la brecha entre necesidades y recursos dejan a cada vez más poblaciones sin la asistencia y protección adecuadas”, alerta Jesús A. Núñez, codirector del IECAH. La pandemia ha supuesto una ralentización, casi una parálisis, de los compromisos de reforma del sistema que comenzaron en la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016 a pesar de la urgencia de reformar el sistema humanitario tanto a escala internacional como en España.

Es una de las conclusiones del informe: ‘La acción humanitaria en 2020-2021: la pandemia retrasa las reformas necesarias’, realizado por Médicos Sin Fronteras (MSF) y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Crecimiento de las necesidades humanitarias globales y del desplazamiento forzado

La cifra de personas en situación de emergencia en 2020 a causa de desastres, conflictos o violencia fue de 243,8 millones, 19 millones más que en 2019. La lista de países identificados por la ONU como necesitados de ayuda de primera necesidad pasó de 65 a 75, una señal de que la pandemia ha puesto en jaque las débiles estructuras de protección social en todo el mundo. Más de la mitad de estas personas vive en tan solo nueve países. El 81% de la población de Yemen requiere ayuda humanitaria, le sigue Eritrea (73%), Siria (67%) y Sudán del Sur (64%). Aunque la cifra global se mantiene estable, hay casos como el de República Democrática del Congo (RDC) y Afganistán que han experimentado una subida considerable de población en riesgo, con 7,5 y 2,7 millones más, respectivamente, que el año anterior.

El drama que afecta a RDC o Afganistán es lamentablemente frecuente hoy (a finales de 2020 había 82,4 millones de personas refugiadas y desplazadas a nivel mundial) y se ha asumido como un componente habitual y normalizado a pesar de su constante crecimiento, un 3,4% de más personas desplazadas respecto al año anterior.

España, crecimiento de la acción humanitaria a la espera de cambios 

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española durante el año 2020 ha sido de 2.603 millones de euros, lo que supone un imperceptible aumento (0,07%) respecto al año anterior. El peso de la AOD respecto de la Renta Nacional Bruta ha sido del 0,23%, esfuerzo muy por debajo de lo necesario para alcanzar el compromiso de la coalición de gobierno del 0,5% para el año 2023.

La acción humanitaria española experimentó en 2020 un incremento del 55% hasta alcanzar los 96 millones de euros. Este aumento, al haberse mantenido la AOD prácticamente estancada, hace que el peso de la ayuda humanitaria haya incrementado hasta suponer el 3,69%. A pesar de ello, el porcentaje está aún muy lejos del compromiso de la Cooperación Española de destinar 10 de cada 100 euros de la AOD a ayuda humanitaria. Respecto a los cauces de distribución y los países destinatarios de la ayuda española, se han mantenido los patrones de años anteriores. En la distribución por áreas geográficas, destacan América del Sur, principal destino, que ha sido destinataria del 19%, Oriente Medio (18%) y África Subsahariana (12%).

“Sin embargo, en el debe hay que destacar que la reforma del conjunto de la cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria no ha avanzado. En estos dos años, el proceso se está viendo ralentizado por los efectos de la pandemia, los cambios en los responsables, la falta de continuidad y de claridad por parte de la Administración pública y los partidos políticos sobre el alcance y las prioridades de esta reforma”, señala Francisco Rey, codirector del IECAH.

Desigualdad en la vacunación y efectos colaterales en la salud

Uno de los aspectos en los que se ha visto más claro el fracaso del sistema internacional para afrontar la pandemia ha sido el de la vacunación y, en general, el del acceso a tratamientos contra el coronavirus. La COVID-19 ha puesto de manifiesto la desigualdad entre los países de ingresos altos y el resto del mundo en el acceso a vacunas, diagnósticos, tratamientos, respiradores y otros suministros médicos. La velocidad y la escala a la que se lleva a cabo la vacunación en los países de ingresos bajos y medios es del todo insuficiente. Es inconcebible que algunos países estén implementando terceras dosis de refuerzo cuando, en otros, el personal sanitario de primera línea o los grupos más vulnerables están sin vacunar.

El defecto fundamental y sistémico de dejar que los sectores privados y las fuerzas del mercado determinen el acceso a la atención sanitaria debe abordarse con un nuevo mecanismo que devuelva las responsabilidades a los Gobiernos, para garantizar que la tecnología médica vital sea accesible en todo el mundo.

Es necesario un mecanismo coordinado de respuesta a las emergencias sanitarias globales que evite que algunos países acaparen los limitados recursos mundiales. “Hay que poner condiciones a la financiación pública y a la concesión de licencias no exclusivas; promover la transferencia de tecnología para garantizar un verdadero reparto de los frutos de la innovación médica; y hacer público todos los contratos con transparencia en torno a los costes y los precios”, afirma Raquel González, responsable de Relaciones Institucionales de Médicos Sin Fronteras.

El impacto humanitario de la ‘guerra contra el terror’

En el contexto de ‘guerra contra el terror’ la proliferación de medidas legales antiterroristas está dificultando la labor humanitaria, llegando en algunas ocasiones a la criminalización de la ayuda y a graves violaciones del derecho internacional humanitario. El antiterrorismo nos retrotrae a épocas anteriores al humanitarismo, porque despoja de derechos de protección y asistencia a quienes no tienen que ver con las hostilidades.

Además de justificar la violencia contra colectivos enteros por quienes son (y no por lo que hacen), el antiterrorismo también conculca su derecho a recibir asistencia humanitaria o lo condiciona y subordina a objetivos de seguridad que, en ocasiones, agravan su sufrimiento, producido tanto por el terrorismo como por el antiterrorismo.

Las medidas antiterroristas se han sumado a las preocupaciones tradicionales relacionadas con operar en zonas de conflicto armado, donde las partes beligerantes ejercen violencia contra las poblaciones y el personal humanitario. Pero los contextos marcados tanto por la guerra como por el terrorismo y el antiterrorismo suelen coincidir con lugares en los que las necesidades son extremas y la respuesta humanitaria paupérrima.

Vivir en una zona de crisis supone hoy quedar atrapado en una espiral de pobreza, conflicto, inseguridad alimentaria y peligro de contagio de COVID-19. Las crisis actuales no corresponden con una lógica exclusivamente de emergencia y sí con un estado permanente de desprotección e inestabilidad.