Tiempo de tormentas

El papelito azul se destiñe entre los dedos frágiles de Halima. La lluvia se abate sobre el campo de refugiados rohingyas de Kutupalong; es mediodía y la hilera de personas que se amontonan esperando la distribución de alimentos ya no responde a ningún orden; pero Halima aguanta junto a su madre. Debe hacerlo para comer ella y sus hermanos, aunque en la cartilla de racionamiento ya no se distinga si se trata de tres o seis personas más.

Por Pablo Tosco

La lluvia hizo desvanecer la mitad de los integrantes de su familia de la burocracia administrativa humanitaria, con la misma facilidad con la que cientos de vidas fueron borradas en masacres al otro lado del río Naf, en Birmania.

Un estudio de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) señala que al menos 9.000 rohingyas murieron en Myanmar, en el estado de Rakhine, entre el 25 de agosto y el 24 de septiembre de 2017, esto indica la dimensión de esta “operación de limpieza” y la violencia perpetrada por militares, policías y milicias locales . Entre estas muertes se cuentan 730 menores de cinco años. Unas 120 mil personas que se quedaron en Myanmar fueron obligadas a desplazarse dentro del país, mientras otras más de 600 mil llegaron al sur de Bangladesh buscando refugio, huyendo de la persecución y la masacre: un éxodo descomunal, tan forzoso como peligroso.

La comunidad rohingya es una inmensa minoría musulmana asentada en Birmania durante la colonia británica. La dictadura militar que se instauró en 1962 les denegó la nacionalidad y los convirtió en apátridas, sin derechos civiles ni políticos: no tienen derecho a la libre circulación, a escolarizarse ni a recibir asistencia sanitaria; no tienen derecho a trabajar, ni a casarse. Tampoco a poseer tierras. Las que tenían eran confiscadas sistemáticamente.

De esa negación, este genocidio.

Naciones Unidas se pronunció en un comunicado oficial: «se trata de una limpieza étnica». (De manual, podría decirse). Aunque el organismo denunció la situación, aún no concretó acciones directas más allá del apoyo a algunas oenegés y a agencias intergubernamentales que, como paliativos, brindan ayuda humanitaria.

Pero la persecución lleva décadas. Son generaciones de familias refugiadas en Bangladesh, país que no cuenta con legislación propia para dar protección a los rohingyas y sigue sin firmar la Convención de Ginebra sobre el estatuto de las personas refugiadas.

Nacer amenazado

En Birmania, las mujeres rohingyas parían en sus hogares de pie y, si salía todo bien, la familia crecía. Hoy los partos son en los refugios, ya no son sus hogares y las condiciones higiénicas amenazan la vida de los recién nacidos.  Suelos de tierra, techos de plásticos, paredes de bambú, refugios atravesados por el desagüe de las escasas letrinas, sin agua, sin luz y rodeados de charcos de agua estancadas.

Salem Ullah, de tres meses, recibe asistencia respiratoria en la cama número 9 del hospital que MSF gestiona en Goyalmara. Su madre Ansar imita el gesto y con su velo se tapa la boca.

«Las sepsis neonatales son estados de infección generalizada y es uno de los diagnósticos más extendidos desde que abrimos este hospital», dice Alejandro Vargas Piek, pediatra de la organización humanitaria. «Llegan con cuadros de fiebre extrema, han perdido el apetito y tienen muy bajo peso».

A Salem le esperan dos semanas de antibióticos por vena y sesiones de respirador para limpiar sus pulmones y mantener encendida su esperanza de vida.

Lluvias de desgracia

Rozia recuerda. Tiene los ojos color betún, velo violeta y con la mirada busca explicación a lo que sucedió, se limpia las lágrimas con la mano derecha y las mira como si fueran ajenas: «había preparado verduras, naan —pan—, y estaba toda la familia preparada para desayunar. Fue a principios de agosto, el sol ya secaba el arroz cortado el día anterior en Kalaywa», rememora . Rozia piensa en esa mañana, en las nubes monzónicas que asomaban amenazantes en el horizonte. «Era temprano para escuchar truenos, por sus sonidos parecía estar llegando tormenta —dice—, pero los estruendos empezaron a ser rítmicos». La cadencia no respondía a la naturaleza. A lo lejos, aparecieron aviones, luego helicópteros. Primero fueron bombas, después morteros, tiros, cuchillos; luego fuego, gritos y llanto desgarrador. «Huí con la ropa que tenía» dice Rozia y acomoda el cuerpito de Zubair entre sus piernas. Su hijo de dos meses solo pesa gramos.

En la cama número 4 del hospital de MSF de Goyalmara, cuenta las horas para que su pequeño se recupere. Desea volver a la choza que está al otro lado de la colina. Allí la espera su marido y sus cinco hijos.

«La lluvia no paraba, caminamos quince días en el barro», atravesaron pueblos arrasados camino a los confines de Birmania, para cruzar el río Naf, la ultima frontera con Bangladesh.

Rozia acaricia a Zubair y mira por la ventana. Piensa en los que se quedaron en el campo y los están esperando. Hace nueve meses llegaron a Jatmoli y las esperanzas de algún tipo de futuro comienzan a diluirse.

Los rohingyas, apátridas entre los apátridas, se instalaron en campos como Kutupalong, Jatmoli o Teknaf: asentamientos precarios que nacieron en la década de los noventa. Los tres campos ahora conforman uno; donde antes había miles, hoy se cuentan cientos de miles. El campo —los campos— se asientan sobre colinas que fueron bosques. Ahora un océano de chozas de lona y cañas de bambú disputan metros de tierra roja. No hay carreteras. Pequeños senderos funcionan como los únicos vasos comunicantes: pasillos cenagosos donde mujeres llevan niños a cuestas y los hombres trepan cargando sacos de arroz.

Escasean los puntos de acceso al agua que, de por sí, no es potable. Las charcas, legado de lluvias caprichosas, son las fuentes donde bañan a los hijos e hijas. Las pocas letrinas aumentan la insalubridad.

Reasentamiento crítico

La temporada de lluvia se presenta puntual a su cita anual del ritual monzónico, inundando los asentamientos de Kutupalong, Jatmoli y Balukahli, que desbordan en todo sentido. Como si fuera poco, los deslizamientos de tierra se llevan chozas y vidas.

Lila Begum se asoma por última vez en la puerta de su refugio. Se siente afiebrada y con la ayuda de Faisal, un voluntario de Acnur, empieza a empacar los pocos enseres: una esterilla, un balde, dos mantas humedecidas, una olla magullada, dos cucharas y una cajita de especias que atesora con devoción. Sus dos hijas apoyan la decisión de abandonar la choza, que está al borde del precipicio. Serán recolocadas en otro refugio, dentro del mismo campo pero a unos cuantos kilómetros de allí. Por el contrario Abdu, de catorce años, se niega. Llora, grita y cuestiona tartamudeando a su madre. No quiere dejar esa zona del campo donde permanecerá parte de su familia, y sus afectos: otros adolescentes que vieron, sufrieron y sobrevivieron a lo mismo.

El acceso agua limpia será otro desafío para los próximos meses. El riesgo de propagación de enfermedades por el contacto o consumo de agua en mal estado es excesivamente alto. Organizaciones humanitarias cómo Oxfam trabajan con escaso margen de tiempo para reforzar los cimientos de los refugios; construir y rehabilitar pozos de agua, e instalar sistemas de alcantarillado para reducir el impacto de las inundaciones.

Las tormentas de los próximos meses serán una nueva amenaza –otra- para las miles de personas vulnerables que subsisten en condiciones críticas, hacinados y sin suficiente comida. En Bangladesh, más de un millón requieren ayuda humanitaria con urgencia. Familias como la de Halima intentan hacer acopio de alimentos, porque las lluvias tornan intransitables los caminos para la asistencia.

Pese a la lluvia Halima aún mantiene su lugar en la hilera. Con sus dedos frágiles —la mirada inabordable, la ropa empapada— sostiene el papel para recibir el saco de arroz que asegure el alimento de su familia por esta semana. Es solo una niña.