La medida de la impunidad
¿Quién mató a Cecilia? Después de dos meses, concluyó el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en una pequeña ciudad al norte de la provincia argentina de Córdoba. Lucas Bustos, el único imputado, fue absuelto ante la evidente falta de pruebas. Un recorrido por las trece audiencias que aún nos dejan sin encontrar a los verdaderos culpables.
Texto: María Eugenia Marengo / Fotos: Juan José Mazzeo
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Intervención en la puerta de los Tribunales
Cuando empieza el frío, algunas abejas, las mayores, salen de la colmena para hacer lugar. Se desorientan. Buscan el calor en otro lado y se mueren fuera de su hábitat. La mañana del 2 de mayo mi casa olía a chocolate. Sobre la mesa aún quedaban restos de desayuno: migas de tostadas, miel, leche en las hendiduras de la madera y una abeja que agonizaba cerca. Abrí la puerta, la dejé salir.
Hacía una semana que se habían cumplido dos años del femicidio de Cecilia Basaldúa, a unos 1500 metros del basural de la ciudad donde vivo: Capilla del Monte. Cecilia había estado veinte días desparecida antes de que la encontraran. Ese día empezaba el juicio en Cruz del Eje por el femicidio contra Lucas Bustos, el único imputado sin pruebas en su contra.
Ya habían pasado dos años que junto a mis compañeras del Movimiento Plurinacional disidente y feminista de Capilla del Monte, estábamos acompañando la causa, así que viajamos 45 kilómetros hacia aquellos Tribunales. Las calles que rodeaban al edificio tenían una cinta como si fuese una señalización de obra, para que no pasaran los autos. Debajo del viejo puente del ferrocarril estaban instalados los parlantes de la radio abierta y en un par de horas se juntaron unas doscientas personas que venían desde la ciudad de Córdoba y los pueblos cercanos a Cruz del Eje -al norte de la provincia- y forman parte de distintas organizaciones sociales y feministas. Las escaleras blancas se hicieron ritual y ceremonia. Un aguayo de colores, velas, fotos, flores y sahúmos. En el medio la mochila de Cecilia, con una pequeña wiphala estampada. Así, intacta, como se la habían entregado en la comisaría a los padres hacía dos años, después de que un vecino la encontrara en la zona de los Tres Puentes de Capilla del Monte, un 5 de abril del 2020. El último día que se la vio con vida.
El Imputado
Lucas Bustos tenía 23 años cuando lo llevaron junto a su hermano, David Santiago, a la comisaría de Capilla del Monte. Llegaron a la sede policial alrededor de las cuatro de la tarde del 28 de abril del año 2020. Los hermanos fueron separados en oficinas diferentes para ser interrogados. Durante la mañana, la policía había entrevistado a los vecinos de tres casas de la zona dónde había aparecido sin vida Cecilia, entre ésas, la casa de la familia Bustos. Según la declaración del subcomisario Zárate, hoy preso por violencia de género, Lucas se había quedado apartado, sin hablar y con las manos en los bolsillos. Esa actitud llamó la atención del policía y a la Fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, ese dato le pareció suficiente para ordenar que regresaran a la casa de los Bustos y llevarse a los hermanos. Ninguno de los policías pudo explicar por qué se los llevaron, si para una entrevista, un testimonio, una declaración, nunca quedó claro.
El policía Luis Alberto Arrieta declaró que en la comisaría a Lucas se le cortó la voz y casi llorando le dijo: se me fue la mano, la ahorqué, la quise besar. Silvana Lorena Trepat, del Departamento de Homicidios de Córdoba, fue la mujer policía que entró después de la confesión y según ella, Lucas le dijo que estaban sentados en una piedra con Cecilia, que él le quiso dar un beso y ella le pegó una trompada, se puso furioso, pelearon y él le apretó el cuello. “Apretó y apretó hasta que no respiró más”, declaró Trepat.
Habrán sido las seis de la tarde cuando se dio aviso a la Fiscalía de Cosquín desde la comisaría de Capilla del Monte y se ordenó la detención. El horario es especulativo, porque de la autoincrimanción de Lucas Bustos no hay actas, no existe ningún tipo de declaración labrada por la policía, no hay nada. Sólo un cuaderno donde Trepat manifestó haber anotado lo que dijo Bustos con lapicera, pero que era personal y nadie vio jamás.
Ese mismo día, una vecina, Romina Rivero, fue hacer una denuncia por violencia de género a la comisaría y declaró haber escuchado que a Lucas le decían de manera insistente que diga la verdad: tu hermano está preso ¿querés terminar igual? Rivero estaba a unos cinco metros de distancia de la oficina donde se encontraba Lucas con la puerta entre abierta. La amenaza, que luego las querellas y la defensa definieron como un apremio, era en alusión a otro de sus hermanos que está detenido en la Cárcel de Cruz del Eje.
Lucas Bustos ahora tiene 25 años, es el menor de diez hermanos. Su familia vive en una casa precaria, cerca del basural de Capilla, en lo que se conoce como el camino de Los Mogotes, lindera al campo de Walter Luna, donde apareció el cuerpo de Cecilia. Lucas siempre fue callado, no le gusta salir. Llegó a terminar la primaria en la Escuela Especial del pueblo y trabajaba como albañil, hasta que lo detuvieron aquel día y pasó más de dos años preso en la cárcel de Cruz del Eje.
El primer día del juicio, el fiscal Cuello leyó la hipótesis de la Fiscalía. Explicó que Cecilia y el imputado no se conocían, se cruzaron por el lugar a unos 500 metros del río Calabalumba, en el campo de Walter Luna y que habrían tenido una conversación sobre caballos, que luego él la intentó violar, ella se defendió, pero él la doblegó y la estranguló: “Se lo acusa a Lucas Bustos del delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado por violencia de género y criminis causa”, remató. Lucas escuchó al fiscal sin hacer ademanes. Estaba con sus manos esposadas y todo su cuerpo menudo quieto. Su cara no aparentaba resignación, tampoco tensión.
El fiscal expuso que no había una prueba directa contra el imputado, sino indicios que podían ser reconstruidos. En efecto, Lucas estuvo más de dos años preso, sin pruebas en su contra. Nunca se hallaron restos de su ADN, ni restos de la flora -que tenía la ropa de Cecilia- en las prendas personales del imputado. La causa se elevó a juicio sin poder comprobar que haya existido una vinculación entre la víctima, el victimario y el lugar del hecho.
– No lo voy a llamar perejil porque eso es banal para la memoria de Cecilia y despectivo para Lucas- dijo la abogada defensora, María Claudia Brandt, la primera vez que habló en el juicio. Lucas Bustos se abstuvo de declarar, pero se incorporó un testimonio suyo que fue dado el 30 de abril del 2020 en la Fiscalía de Cosquín, donde afirmaba que nunca había dicho ser el autor de la muerte de Cecilia.
Pájaros negros
El día que declaró Walter Luna hacía calor. Era la tercera audiencia y desde la sala de prensa se lo veía a través del plano general de la cámara fija que trasmitía al televisor. León Cruz, el hijastro de Luna, todavía no había terminado el secundario la tarde que salió a buscar una yegua y su cría por el campo. Eran cerca de las tres cuando se encontró con el cuerpo muerto de una mujer semidesnuda a la vera del río Calabalumba, con un brazo sumergido en el agua. A esa altura, en el pueblo ya se sabía que estaban buscando a Cecilia.
-¿Encontraste a la yegua?- le había preguntado Luna al regresar. León estaba tildado sentado sobre una piedra. No respondía. Al rato le contestó que no, pero que había encontrado un cuerpo. -Me parece que es el de la chica que están buscando.
Luna alquilaba un campo de 49 hectáreas y tenía animales. Uno de los límites era el basural de Capilla del Monte. Solía ir todos los días durante la tarde y recorrer esos caminos de piedras y espinillos para cruzar varias veces el río buscando vacas o caballos. La semana anterior al 25 de abril, Luna recorrió la zona y no vio nada. Rastros, olor, sangre, nada que le llamara la atención.
El cuerpo tenía unos quince días sin vida. Parte de la piel había tomado otra coloración, se había oscurecido el mentón y el pecho, producto de un golpe que luego se corroboró con la autopsia. Las marcas en los brazos eran indicios de una defensa.
“Con tres días que un animal esté muerto -dijo Luna- te lo comen entero los pájaros negros y te dejan los huesos”.
El norte de la provincia de Córdoba es territorio de jotes, los de cabeza negra, son aves grandes, rapaces que planean entre los cerros y avizoran sus presas a distancia. Comen la carroña. Lo muerto. Para los baqueanos era improbable que de haber estado el cuerpo allí durante tantos días, los pájaros negros no lo hubiesen desmenuzado. Para la fiscal, en cambio, las bajas temperaturas del otoño lo mantuvieron allí imperceptible, hasta que el olor lo hizo presente.
En la declaración del médico forense Moisés David Dib -a diferencia de la hipótesis de la fiscalía- se explicó que nada podía confirmar o negar que el cuerpo hubiera sido colocado ahí. También se revirtió la idea de que la humedad en el cadáver incidía en los análisis genéticos. Con una buena técnica de extracción se podían obtener resultados, más allá de estar sumergido en el agua. Tampoco nada indicaba que algún animal carroñero lo hubiese tocado.
La noche que dejamos atrás
Ya era de noche cuando salimos de los tribunales. En la ruta se veía la luna angosta, apenas un brillo de luz que iluminaba el cielo. El aire estaba templado. Cruz del Eje es la “Cuenca del Sol”, por mandato de su topografía cóncava que inspiró al apelativo, como dice Alexis Oliva. Un clima semi seco que es parte de la transición hacia el monte chaqueño. Árboles más bajos. Atamisquis, tuscas y olivares que quedan detrás. Después de cada audiencia, nos íbamos con la nada misma. O mejor dicho, con la certeza de la falta de investigación que tenía la causa. ¿Quién mató a Cecilia? me dijo con angustia, la compañera que viajaba a mi lado.
Los jueces
Hacia adentro del moderno edificio que tiene la justicia cruzdelejeña, el incienso se convirtió en el aroma inusual que llegaba hasta la sala de audiencias. El primer día la secretaria de Cámara estaba nerviosa, no estoy en mi casa me había dicho en alusión a estar fuera de los tribunales de Villa Dolores, donde debería haberse llevado el juicio. La situación era un poco confusa. Un Tribunal de otra localidad, con un escenario judicial armado en Cruz del Eje, con un jurado popular de la zona y con un imputado preso hacía dos años en la cárcel de dicha localidad. Todo se explicaba por una situación de “enemistad” que tenía la abogada defensora del imputado con la Cámara de Acusación de Cruz del Eje. No había más información que esa.
La Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa Dolores, estaba integrada por los jueces Santiago Camogli, Carlos Escudero y Alejandro Castro. El jurado popular estaba distribuido en las sillas detrás de la querella representada por las abogadas Daniela Pavón y Giselle Videla, frente a los jueces. En el medio un micrófono y una silla vacía a punto de ser ocupada por el testigo de turno.
En el año 2005 Córdoba instauró por primera vez un jurado en el país. Sin embargo, hoy es la única provincia que se rige por el modelo escabinado, donde ocho jurados titulares deliberan junto a dos jueces profesionales y un tercero en caso de empate en la votación. Este modelo, que difiere del clásico de jurados, es muy cuestionado en términos de garantizar un verdadero acceso de la ciudadanía sin una mediación de los funcionarios judiciales. En Córdoba basta con una mayoría simple de votos del jurado para poder condenar a alguien.
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Los jueces: Santiago Camogli, Carlos Escudero y Alejandro Castro
El juez Carlos Escudero ocupaba el rol de moderador y pedagogo. Repetía varias veces si se entendía de lo que se estaba hablando.
El día 12 de mayo, era la novena audiencia y declararon la hermana y los hermanos de Cecilia. Escudero les habló pausado a cada uno. Les preguntó si habían viajado bien y mantuvo un tono de cordialidad diferente que para el resto de las y los testigos.
Soledad, Guillermo y Facundo Basaldúa explicaron al Tribunal que le pasaron todos los mensajes de Whatsapp que se habían intercambiado con su hermana a la policía. Información que llegó de manera sesgada en el expediente. Información que recortaron para construir un perfil de Cecilia acorde a la hipótesis de un brote psicótico.
Cuando Facundo Basaldúa, el hermano menor de Cecilia, terminó de declarar, miró fijo a Escudero y lo señaló con el dedo: -Desconfío de usted, que fue subcomisario.
Sin alterarse y con el tiempo acongojado adentro siguió hablando: -Al día de hoy me siento incómodo ante todo el cuerpo policial. Desamparado. Desconfío de cada persona que lleva un arma.
Escudero no respondió. Ni dijo que no había lugar, ni intentó aclarar la situación. Esa semana había trascendido por un medio de comunicación una noticia sobre el pasado policial del juez Carlos Escudero, quién había pertenecido a la policía entre 1981 y 1997. No pudimos evitar recordar la paradoja en las palabras del fiscal, Sergio Cuello, ya que el día en que comenzó el juicio, se había congraciado con el público al explicar su recusación a un jurado por ser parte de la fuerza policial, y esta causa tiene muchos testimonios de policías, había dicho el funcionario jactándose.
Cuando Facundo Basaldúa se levantó, tenía las manos cruzadas, las mangas de la camisa arremangadas y la cara húmeda. Se había guardado la culpa de no haber ido hacía dos años a Capilla del Monte por la cuarentena, cuando su hermana le escribía y le daba alertas de que algo estaba pasando: -Ese miedo me lo guardé, y es lo que más me pesa, porque nunca se lo dije a nadie.
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Frente al altar por Cecilia en la puerta de Tribunales
La mala víctima
A las tres de la tarde del mes de abril del año 2020, en Capilla del Monte sonaba el primer aviso de la sirena de los bomberos para permanecer en las casas. A las cuatro, el último. Un ruido intenso que guardaba hasta a los pájaros. El pueblo se vaciaba de vida. Sí se hacía tarde, había que moverse con cautela, anticipando argumentos para el estricto control policial que se había implementado ante la propagación del coronavirus en el país.
El 21 de marzo, Cecilia había llegado a dedo desde Buenos Aires en un viaje de dos días, justo en el comienzo del decreto de aislamiento obligatorio por la pandemia. Cuando conoció a Viviana Juárez, a Cecilia ya la habían echado del camping municipal por las normas que implementaba el COE de Punilla (Centro de Operaciones de Emergencias) ante la pandemia. Juárez, una mujer de rastas que hacía artesanías, le habló de una casa sobre la vera del río, toda de piedra y sin llave, donde podría alojarse.
Cecilia había conocido el pueblo en 2009, cuando acampó por primera sobre la falda del cerro Uritorco. Después de viajar durante casi cinco años por Latinoamérica, y a sus 36 años, había elegido de nuevo Capilla del Monte para terminar de escribir su libro de viajes.
Ese día emprendió camino al río. Era tarde y en otoño el viento se desata con fuerza. Las ramas de los árboles se rosan entre sí y crujen, como si algún animal anduviera metido entre los matorrales del monte. Quizás pasó por una escuela que estaba cerrada. Dobló en la esquina donde había un kiosco, cerrado. Tal vez, sintió moverse algo detrás de ella y esperó. Avanzó unos metros y encontró el cauce del río, en el camino que ya se achica entre las piedras hasta llegar al barrio.
Algunos le decían “La Favelita” otros “El Peligro”, la Rasta se lo había descrito bien. Unos diez ranchos repartidos a la vera del río, el último, era todo de piedra. El rancho era de “Niga”, Wenceslao Falcón, quien declaró haber estado siempre en su casa de San Marcos Sierras durante la pandemia.
La noche en que Raymundo “Rey” Heredia apareció en el rancho, tenía un machete. Hacía tres años que cuidaba la precaria propiedad, cuyas habitaciones estaban separadas por treinta metros, con cañas y nylon en el techo. Rey solía hacer changas vendiendo leña que él mismo cortaba. La tarde que llegó Cecilia, declaró que le pasó comida por arriba de un alambre y no la vio más.
El lugar era frío, oscuro, sin luz, sólo agua. La puerta estaba rota y al tercer día, Cecilia decidió irse. La Rasta la contactó con su amigo Mario Mainardi para que pudiera acampar en su patio. Permaneció unos diez días en esa casa. Siento que me están volviendo loca, le había escrito Cecilia a su hermano, pidiéndole información sobre la persona que la alojaba.
En el juicio Mario Mainardi declaró de corrido por cuarenta minutos. Un relato sin interrupciones, con una memoria ejemplar a casi dos años de su testimonio en Fiscalía. El pelo canoso se distinguía desde el plano general en picada que la cámara tomaba en cada audiencia. Fue el único testigo que se refirió al brote psicótico de Cecilia, razón por el cual la habría echado de su casa, donde dejó su mochila, computadora y el celular. Declaró que esperó quince o veinte minutos para ver si Cecilia se había ido, antes de que él dejara su casa a las 14 del domingo 5 de abril.
Pero el último mensaje que envió Cecilia fue a las 14:39, a su primo de Carlos Paz, Adrián Aldecoa: –“primo vendrán por mí”– había escrito. Entonces:
“-¿Quién mandó ese mensaje?”-, preguntaron las abogadas.
El primo le había respondido unas horas más tarde, pensando que quería que la vaya a buscar, pero Cecilia nunca leyó esa respuesta.
Durante los veinte días de búsqueda, llegaron al pueblo policías de distintas dependencias del Valle de Punilla y de la ciudad de Córdoba. En el testimonio del cabo Raúl Iglesias, de la policía barrial de Carlos Paz, hubo un paréntesis en el relato. Sentía que Mainardi los controlaba, cada mañana se ponía en la puerta de su casa como esperándolos. Sólo quería hablar con mujeres. Cuatro veces fueron a entrevistarlo. En todas lo notaron nervioso. Un día se puso a llorar y les dijo que lo querían culpar de lo de la chica, como si la hubiese golpeado.
Las peritos psicólogas tomaron los escritos de la computadora de Cecilia y elaboraron un informe. Escribieron sobre su espiritualidad y su conexión con la naturaleza. La posicionaron como una víctima vulnerable, una mala víctima por ser “demasiada confiada y comunicativa”, y llevar un modo de vida que no se correspondía con lo normalizado socialmente. En la declaración describieron atributos que apuntaron, una y otra vez, hacerla co-responsable de su destino final.
La inspección ocular
Sobre la Ruta Nacional 38, en una de las curvas que después se estira hacia San Marcos Sierras, se ve el acceso al campo que alquilaba Walter Luna. Atrás quedan los cerros, como recortados en el borde del camino, emergen antiguos, con formas de roca en la cima. El 13 de mayo el jurado popular junto a los jueces, las abogadas, bomberos, policías y los testigos, Victor Jaime -vecino del campo- y Luna, se encontraron en la entrada para recorrer el sendero que conduce al lugar donde apareció sin vida Cecilia, en la llamada inspección ocular del hecho.
Susana, Daniel, Facundo, Soledad y Guillermo Basaldúa, se quedaron un rato solos, apartados en el lugar. Cerca del agua dejaron unas flores, callados, quizás con la angustia que emerge ante la impotencia de lo que no tiene marcha atrás. El anhelo de hacer del tiempo una repetición mágica que la devuelva viva en aquella orilla del río.
-Pasamos un momento difícil pero necesario para la familia- contó después Soledad Basaldúa.
Ahora la entrada al campo quedó marcada con un aerosol negro. Dice: Verdad y Justicia para Cecilia.
La evidencia que no estaba en el expediente
El jueves 19 de mayo, la querella presentó una prueba que hizo suspender por veintidós días el juicio y así se coronó la falta de investigación que contuvo esta causa, elevada a juicio el 5 de marzo de 2021, por la fiscal Paula Kelm de Cosquín.
La abogada de la querella, Daniela Pavón, había amanecido con las fotos de una nueva evidencia. Nueva para todos, menos para la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que nunca la incorporó en el expediente. Una denuncia que había sido realizada el 15 de mayo del año 2020, cuando los dueños de una vivienda, a la que no habían concurrido durante meses por el decreto de aislamiento, se encontraron con el candado forzado y la cerradura de la puerta rota. En el pequeño lugar, cercano al basural de Capilla del Monte, había un colchón manchado de sangre y un caballo moribundo sobrevivía en medio del aire pestilente del habitáculo. La denuncia se hizo veinte días después de que a unos cientos de metros de ahí apareciera sin vida el cuerpo de Cecilia. Hacía diecisiete que Lucas Bustos ya estaba preso.
Los jueces accedieron al pedido de la querella y solicitaron el sumario que se encontraba en la Comisaría de Capilla del Monte. Cuando por la tarde le preguntaron a la detective Verónica Castaña -quién estuvo investigando desde abril a octubre de 2020 el femicidio- si sabía sobre esa denuncia, respondió que sí, pero que desconocía si se habían tomado muestras para un análisis químico de la sangre. Nunca figuró en ninguno de sus diez informes sobre la causa. Luego de la lectura del sumario, las partes comprobaron que efectivamente química legal había tomado las muestras y habían detectado sangre y pelo humano.
Ya estaba por terminar la audiencia, con la certeza de que el juicio se prolongaría, cuando a las siete de la tarde, la abogada María Claudia Brandt, pidió por última vez la palabra.
-Solicito el cese de la prisión preventiva de mi defendido- dijo utilizando jurisprudencia y convenciones de derechos humanos.
El fiscal Sergio Cuello, esgrimió los argumentos de la peligrosidad de una fuga del imputado, para denegarlo. El Tribunal hizo un silencio. Otro cuarto intermedio. En la sala de prensa se esperaba con expectativa. Susana y Florencia, la mamá y la hermana de Lucas Bustos, permanecían inmóviles, sentadas en uno de los extremos del recinto, con la vista fija a la pantalla, con el anhelo de que ese día, se lo devolvieran.
La jornada concluyó con el rechazo del Tribunal al pedido de la defensa del imputado. Ese día, Florencia Bustos se quedó un rato más adentro. Con las manos abrigando los ojos. Con la voz quebrada y la cara mojada. -Van a pagar todo lo que le están haciendo a mi familia y también a Cecilia-, dijo al salir.
Una audiencia inesperada
Un día antes de que se reanudara el juicio, Susana, la mamá de Cecilia, me avisó que venían con Daniel para Cruz del Eje, que no querían que la audiencia fuera virtual, como les habían trasmitido.
Era la doceava audiencia del día 10 del mes de junio, y entramos a tribunales con la resolana del mediodía. La jornada se pensaba rápida. Tal como había dicho el 19 de mayo el juez Carlos Escudero, sólo se leerían los resultados genéticos cotejados con las muestras tomadas en la vivienda el 16 de mayo del 2020. Pero las muestras de sangre fueron insuficientes y estaban deterioradas para poder ser comparadas con los ADN de Lucas y de Cecilia.
Lucas Adrián Bustos, no estaba en la sala, sino conectado a través de una cámara desde el penal de Cruz del Eje. El 10 de junio es el día del Agente Penitenciario y nadie lo pudo trasladar hasta tribunales. La abogada defensora esta vez argumentó con claridad, algo que se hizo evidente durante los dos años de la detención de Bustos, que no había un riesgo de fuga y menos aún, un posible entorpecimiento en la investigación que ya había terminado.
– No quiero ser parte de operadores que conducen al Estado Argentino a incumplir con la Constitución -le había dicho Brandt al Tribunal- Hasta cuándo vamos hacer soportar al imputado las irregularidades del Estado para llegar a la verdad de este caso -continuó la defensora al punto de afirmar que si la decisión no se revertía, el lunes hacía una presentación en el Tribunal Superior de Justicia: -Impóngame la sanción que usted considere -dirigiéndose al Juez- asumo el compromiso para con mi defendido. No es viri viri, no es saraza, tiene que garantizarse.
El 10 de junio a Lucas se le concedió el cese de la prisión preventiva y quedó en libertad.
-Le voy a decir a tu familia que te vaya a buscar al complejo carcelario- le manifestó la abogada María Claudia Brandt a Lucas, a través de la pantalla.
– Gracias, doctora- atinó a decir Lucas con la mirada fija en la cámara y una sonrisa tímida.
Cuando en el recinto de audiencias ya no quedaba casi nadie, desde la sala de prensa aún se veía a Daniel Basaldúa que le decía a los jueces: acá la única que no tiene voz es mi hija.
Afuera el día aún tenía el calor en las veredas. La mamá de Cecilia y la mamá de Lucas se abrazaron, sintieron que esa audiencia se acercó un poco a la justicia.
La sentencia
El 1 de julio fue la audiencia número trece, la última. Habían pasado dos meses y sesenta y ocho testigos. Era temprano cuando declaró la perito de parte, Florentyna Bustos Plonka y ése sería el último testimonio del proceso judicial iniciado para condenar o absolver a Bustos. Su declaración fue contundente en relación a la falta de análisis de las muestras de sangre levantadas por un tratamiento de luminol en la casa de Mario Mainardi, la última persona que alojó a Cecilia, y el rancho de Wenceslao Falcón -Niga-, dónde Cecilia había estado antes.
De los cuatro alegatos, sólo el fiscal de Cámara, Sergio Cuello, sostuvo la acusación de la Fiscal de Instrucción, Paula Kelm y pidió reclusión perpetua para el imputado.
-Realmente me gustaría encontrar una prueba objetiva contra Lucas. Me encantaría tener un ADN positivo, tener sangre, huellas. En la escena no había ni un yuyito, el paso del tiempo llevó a eso, borrando huellas de pruebas- dijo el fiscal Cuello. –No hay otra prueba, señores del jurado, que las que he intentado resumir. Me encantaría como fiscal tener otra prueba pero no la hay”.
Y así, el representante del Ministerio Público Fiscal, pidió la reclusión perpetua para Bustos en base a lo que llamó “prueba de indicios”. En medio de su exposición el presidente del Tribunal, Carlos Escudero, le ordenó a Daniel Basaldúa que se retirara por los gestos que hacía ante las palabras de Cuello: -Uno aguanta hasta que puede -dijo Daniel a la salida de la sala de audiencias -es una vergüenza lo que hizo el fiscal Cuello. El tipo está mintiendo, es como que estuviera Paula Kelm ahí adentro.
Los tres alegatos que continuaron fueron de la querella representada por la abogada Daniela Pavón, el abogado Gerardo Battiston de la Secretaría de Derechos Humanos y la abogada defensora, María Claudia Brandt. Todos pidieron la absolución y enfatizaron la falta de pruebas, en una acusación basada sólo en los dichos de la policía.
Luego de los alegatos, los familiares de la víctima y el imputado pueden hablarle al jurado. Las últimas palabras de este juicio fueron las de Susana Reyes y Daniel Basaldúa. Susana se levantó y frente al jurado habló de su desilusión:
-Todo este mamarracho, este expediente, lo hemos vivido en carne propia. Me ha desilusionado este señor fiscal, todo lo que escuché fue escucharla a Paula Kelm, quiero que se le haga el juicio político. Acá atrás hay algo grande, hay trata, droga, hay algo feo. La palabra justicia está mal nominada, todo lo que hicieron acá es injusticia.
Daniel Basaldúa le pidió al jurado que le den una oportunidad a su hija para llegar a la verdad. “En este momento estamos luchando para que no le pase a nadie más. Si a Lucas lo condenan, este crimen queda impune”.
Lucas optó por callar.
Pasaron dos horas de deliberación hasta que por unanimidad el jurado popular y los dos jueces técnicos decidieron la absolución y la posibilidad de una nueva investigación en otra Fiscalía.
La Mesa de organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos que acompañan a la familia Basaldúa exigen ahora el juicio político a la Fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm. A las incongruencias de la etapa de investigación penal preparatoria, se suma el destrato de la Fiscal con la familia de Cecilia, quién nunca los recibió y sólo les comunicó que tenía múltiples pruebas contra Lucas Bustos.
Afuera los tambores seguían sonando. Habían marcado el ritmo de esa última audiencia.
Sobre el aguayo apareció una abeja. Entre el fuego frágil de las velas y los sahúmos dulces que humearon como en cada jornada. Las flores se habían abierto durante la tarde, en las horas de la espera. Después de dos meses, se desarmó el altar y como un rastro de esta historia, sólo el incienso permaneció flotando en el aire fresco que ya era silencio en medio de la noche.
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El día de la sentencia y el último día del altar sobre las escaleras de los Tribunales
María Eugenia Marengo
Nació en Junín, provincia de Buenos Aires. Hace siete años que vive en Capilla del Monte, al norte de la provincia argentina de Córdoba. Es Licenciada y profesora en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Magíster en Historia y Memoria (UNLP) y Doctora en Ciencias Sociales (UNLP).
Colabora con artículos periodísticos y foto reportajes en diferentes medios de comunicación alternativa.
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