La historia detrás del asesinato de dos niñas argentinas en la selva paraguaya

Myrian hace silencio.

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Y dice: la sonrisa.

Lo que más extraña Myrian de su hija Lilian Mariana es la sonrisa. Siempre fue una niña muy alegre, dice, una criatura inocente.

Así se la ve, sonriente, en los carteles que reclaman justicia por su asesinato.

Myrian integra la familia Villalba, varios de cuyos miembros forman parte del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una guerrilla marxista leninista que opera en el noreste del país.

Myrian y su hermana son paraguayas, pero se instalaron hace diez años en la ciudad misionera de Puerto Rico, escapando de la persecución de las Fuerzas Armadas de Paraguay.

El pasado 2 de septiembre, en la zona de Yby Yaú, Departamento de Concepción, Paraguay, la Fuerza de Tarea Conjunta conformada por policías y militares atacó un campamento del EPP y mató a dos niñas argentinas de 11 y 12 años: María Carmen Villalba y Lilian Mariana, la de la sonrisa alegre.

¿Qué hacían dos niñas de 11 y 12 años en un campamento guerrillero, en medio del monte paraguayo?

Habían viajado para conocer a sus respectivos padres, militantes guerrilleros del EPP. “Era el sueño de sus vidas, conocer a sus papás”, dice Myrian, desde Misiones.

Las Fuerzas de Tareas Conjuntas “quemaron los uniformes que aseguran llevaban puestas las niñas, borraron evidencias, y tiraron los cuerpos en fosas comunes en cajas de cartón”.

El Gobierno de Paraguay que conduce Mario Abdo Benítez informó inicialmente que las víctimas eran personas adultas, integrantes de la guerrilla, y que fueron abatidas en un enfrentamiento.

La presión internacional logró la exhumación de los cadáveres, que finalmente fueron enterrados sin autopsia en la localidad paraguaya de San Pedro, ante un pequeño grupo de vecinos que vencieron el temor y se acercaron a participar de la ceremonia.

Myrian no pudo viajar para despedir a Lilian Mariana.

Parece una historia sacada del siglo pasado. Un grupo de guerrilleros en el monte, en la selva, combatiendo el avance de la concentración terrateniente y las prácticas de una “democracia oligárquica” a la que identifican como hija directa -con todas sus prioridades y ensañamientos- de la dictadura de 35 años de Alfredo Stroessner (1954-1989).

Vestimenta militar, selva, una bandera verde y roja con un hacha, una escopeta y un machete cruzados en el centro, pasamontañas, boinas estilo Che Guevara.

Los sucesivos gobiernos desde la década del ‘90 le endilgan al Ejército del Pueblo Paraguayo vínculos con el narcotráfico y con el negocio de los secuestros extorsivos. Los medios más concentrados de Paraguay lo cataloga como “banda delictiva”.

Uno de los casos con mayor resonancia que protagonizó la organización fue el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, quien permaneció cautiva desde el 16 de noviembre de 2001 y el 9 de enero de 2002, cuando fue liberada tras el pago de un rescate de un millón de dólares. Miembro de una familia rica y con conexiones directas con la pata civil de la dictadura de Stroessner, la mujer pasó casi dos meses encerrada y su secuestro sobre expuso al EPP. Por ese hecho, seis integrantes del grupo cumplen condenas de prisión de más de 20 años.

En 2005, miembros del EPP secuestraron a Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas. El cuerpo de Cubas fue encontrado enterrado en el lugar en el que estuvo oculta.

El último hecho de alto impacto protagonizado por el Ejército del Pueblo Paraguayo fue el ataque, en 2016, a un camión militar que circulaba por la zona donde opera el grupo. Una bomba provocó la muerte de ocho uniformados.

En ese entonces Mario Abdo Benítez era Presidente del Senado de Paraguay. Dos años después, en 2018, asumió la Presidencia de la Nación. Abdo Benítez es hijo del ex Secretario Privado del dictador Alfredo Stroessner y desde el inicio de su gestión caracterizó al EPP como un grupo delictivo, ajeno a planteamientos políticos.

Al igual que sus antecesores, habilitó la tarea en la selva del Comando Sur de los Estados Unidos, bajo el pretexto de los supuestos vínculos de la guerrilla con el narcotráfico; y las filtraciones de Wikileaks permitieron determinar el pedido a la DEA para la utilización de tecnología norteamericana en el seguimiento y persecución del grupo.

Desde el monte, en uno de los campamentos operativos, se difundió hace unos años un video que pone en perspectiva la lucha que lleva adelante el EPP. El Comandante Javier González -según se presentó- explicó que el grupo “es un movimiento revolucionario de los pobres para huir de los atropellos y asesinatos de matones de ganaderos sojeros y las fuerzas represivas del Estado. La miseria y el olvido han llevado a parte del movimiento popular a hacerse escuchar y a defender sus intereses de clase con las armas”.El EPP se planteó una “lucha contra la democracia de los ricos, excluyente, fascista y criminal. Una parte de esos esclavos sublevados ha decidido tomar las armas por una nueva sociedad con justicia social”.

En el video se lo ve distendido, manejando los tiempos ante la cámara, vestido con ropa militar y con una metralleta completando el cuadro. Desde ese escenario identificó a los enemigos del movimiento: “Los lacayos imperiales que vinieron aliados a las fuerzas de ocupación, a destruir lo más adelantado y progresista del siglo XIX”, dijo, por el Gobierno de Francisco Solano López, segundo presidente constitucional de la República del Paraguay -entre 1862 y 1870- y líder de la resistencia durante la Guerra de la triple Alianza. Y señaló también a “los partidos tradicionales, colorados y liberales” que “ofendieron sobre las cenizas de lo que constituyó lo más preciado. Hoy las vacas de los oligarcas tienen más valor que muchas personas paraguayas”.

Según datos de la organización OXFAM, publicado en julio de 2017, “Paraguay presenta la distribución de la tierra más desigual del mundo, con una pequeña élite latifundista e importante participación de propietarios extranjeros, que concentran casi toda la superficie agrícola y ganadera, mientras que la inmensa mayoría de familias campesinas e indígenas carecen de tierra suficiente para subsistir”.

El 90 por ciento del territorio cultivable está en manos de 12 mil grandes propietarios, mientras que el 10 por ciento restante se reparte entre 280 mil pequeños y medianos productores, agrega el informe.

Las democracias nacidas en la década del ‘90 no han revertido esa tendencia. Por caso, lo sucedido durante los años ‘60 cuando el régimen repartió tierras “entre militares, funcionarios, políticos y grandes empresarios del entorno del dictador. La Comisión Verdad y Justicia, tras revisar más de 200.000 adjudicaciones, concluyó que durante los 35 años del régimen stronista fueron adjudicadas irregularmente cerca de siete millones de hectáreas”.

El informe OXFAM explica que “esta práctica fraudulenta no terminó con el final de la dictadura, pues entre 1989 y 2003 se adjudicaron irregularmente casi un millón de hectáreas más”.

“En total, suman cerca de ocho millones de hectáreas de tierras malhabidas entre 1954 y 2003, cuatro veces más que lo que recibieron todas las familias campesinas juntas”.

En ese contexto, nace y se desarrolla el Ejército del Pueblo Paraguayo.

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Myrian Villalba habla con seguridad cuando explica los motivos de la existencia y acciones del EPP, pero se le entrecorta la voz cuando recuerda a Lilian Mariana.

—Myrian, ¿qué pasó?

—Soy la mamá de Lilian Mariana y tía de María Carmen, las niñitas que fueron ejecutadas el 2 de septiembre en la zona Yby Yaú, departamento de Concepción. Ejecutadas por miembros de las Fuerzas de Tareas Conjuntas, que es la unión de policías y militares que se crearon para combatir al EPP.

—¿Por qué estaban ahí?

—Las dos niñitas estaban ahí porque querían conocer a los papás, que son dos diferentes. Este fue el sueño de toda su vida, ir a verlos. El destino nos deparó esta situación. La familia está convencida que las niñas fueron tomadas vivas, que fueron torturadas, que fueron ejecutadas por estos policías y militares.

La familia, las organizaciones que la acompañan, la Gremial de Abogados que desde Argentina representa a las madres de las niñas, difunden la foto sonriente de Lilian Mariana y María Carmen, con la denuncia de su asesinato y el reclamo de Justicia.

En cambio, el Gobierno de Paraguay “en principio comenzó a especular mucho con las informaciones, en principio dijo que las víctimas eran personas adultas, que eran militantes de la guerrilla y especularon hasta que al final el médico forense de la fiscalía dijo que se trataba de adolescentes de entre 15, 16 y 17 años”. Pero después “al presentar los documentos de las criaturas, no tuvieron otra que reconocer que se trataba de dos niñitas de 11 y 12 años, que fueron ejecutadas, torturadas, tiradas en una fosa común, en una caja de cartón. Ni siquiera el certificado de defunción existe. Como animalitos las pusieron en una caja”, repasa Myrian.

* En la Plaza 9 de Julio, Posadas. Argentina. (Foto Marcos Otaño)

Desde entonces se multiplican las dificultades para que la familia pueda acceder al expediente judicial. La abogada paraguaya Daisy Irala Toledo presentó un recurso para que se reconozca a las madres de las niñas como víctimas y por tanto puedan querellar y acceder al expediente. Pero cada uno de los recursos fue rechazado.

“El Gobierno paraguayo, acompañado por la fiscalía, el juzgado, todas las instituciones trataron de cubrir el atroz crimen que cometieron contra estas dos niñitas. Quemaron los uniformes que supuestamente estas niñas tenían. Intentaron deshacerse de todas las evidencias para cubrir su crimen”, dice Myrian.

—¿Pudieron recuperar los cuerpos?

—No, no pudimos llevarlas a Misiones. En principio estábamos con la idea de repatriar los cuerpos porque nuestra intención es no dejar esto impune. No se puede asesinar así a dos niñitas y que quede como si nada pasó. Eso está queriendo hacer el Gobierno. Es más, se viene contra la familia (Villaba), por todos lados lo que están queriendo es culpar de todo a la familia.

En principio estábamos con la idea de la repatriación, pero fue grande nuestra sorpresa en medio del dolor; sentimos la emoción de la solidaridad del pueblo de San Pedro (Paraguay) que nos dijo que ellos recibieron los cuerpitos.

La presión internacional logró la exhumación de los cuerpo, el retiro de la fosa común donde los habían tirado. Y su posterior entierro en el cementerio de San Pedro. “El consulado argentino con otras instituciones y la presión de la familia logramos que se haga la exhumación y que se le entregue los cuerpitos a la familia. Y por eso no hicimos la repatriación, en San Pedro nos pidieron que se queden las niñas ahí”.

Las madres de Lilian Mariana y María Carmen solicitan que integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense viajen a Paraguay para participar de una autopsia, “porque nunca se les hizo un estudio a las niñas”, pero el pedido, hasta el momento, no fue atendido.

“No lo estamos consiguiendo, no tenemos acceso a la carpeta fiscal, nos niegan calidad de víctimas, no nos consideran absolutamente nada. Si solicitábamos la repatriación tampoco nos iban a dar los cuerpitos”.

Los cuerpitos, dice Myrian, y la imagen de su hija se le reaparece. Vive en la ciudad de Puerto Rico, Misiones, desde hace diez años, hasta donde llegó escapando de lo que, denuncia, es una “larga persecución por parte de fuerzas policiales, militares”, porque tiene “familiares que son miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo”.

Entre esos familiares están los padres de las dos niñas asesinadas. Los padres a los que Lilian Mariana y María Carmen no conocían porque estaban ocultos en la selva. Los padres a los que, escondidas, viajaron a ver. Los padres a los que finalmente conocieron en ese campamento de Yby Yaú, que el 2 de septiembre pasado fue atacado por la Fuerza de Tarea Conjunta. Los padres que ahora, también, pelean por la memoria de sus hijas.

* Ésta crónica apareció originalmente en En Estos Días, y la publicamos en articulación como parte de nuestros esfuerzos autogestivos por más y mejor Periodismo Narrativo Latinoamericano.